La Ley de Protección del Informante, tiene como objetivo regular la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Esta ley, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva de “Whistleblowing”, protege a los denunciantes que informen sobre infracciones en el contexto laboral o profesional, permite las denuncias anónimas y obliga a que un directivo de la compañía sea responsable de la gestión del canal de denuncias.
La nueva norma, cuya obligatoriedad se hace efectiva de manera general el próximo 1 de diciembre, obliga a establecer canales de denuncia interna, estableciendo que dichos canales garanticen la confidencialidad y el seguimiento diligente de la denuncia, y afecta a:
- Personas jurídicas con 50 o más empleados.
- Personas jurídicas que ya cuenten o debieran contar con un sistema de información.
- Entidades del sector público.
- Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como fundaciones creadas por éstos siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
Esta jornada en formato híbrido (presencial y online) se celebra:
- Fecha: 22 de diciembre.
- Hora: 12:00 h.
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